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La emergencia social en salud en Colombia comenzó hace 17 años. En 1993, el Banco Mundial publicó su informe anual titulado Invertir en salud. El texto hacía un amplio recuento de la situación sanitaria del mundo y mostraba la imperiosa necesidad de inyectar dinero al sector; sin embargo, lo que parece una sensata y loable recomendación no se relacionaba con mayores recursos para hacer frente a las principales enfermedades y problemas de salud del mundo, sino a la necesidad urgente de generar un nuevo mercado, en convertir la salud, lo que alguna vez fue un derecho humano, en una mercancía.
Como siempre, nosotros los colombianos, tan obedientes como hemos sido con las directrices de los organismos financieros multilaterales, hicimos rápido la tarea. Ese mismo año el honorable senador de la república Álvaro Uribe Vélez fue ponente de un proyecto que revolucionaría el sector en Colombia y que luego todos conoceríamos como la Ley 100.
A partir de ese momento el país renunciaba a tener un sistema de salud y lo reemplazaba por un Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS– (hasta la sigla parece el nombre de algún terrible germen), donde la estrategia que prometía garantizar la salud de los colombianos era un seguro médico. Esto significa que por un porcentaje de su salario, usted se hacía acreedor a un limitado paquete de servicios (eso que llaman Plan Obligatorio de Salud –POS–) que cubrirían "todas" sus necesidades en salud. Pero, no todo el mundo tiene un trabajo estable y puede pagar el seguro. No se preocupe, una porción de su cuota sirve para que la gente pobre también sea asegurada, ah, eso sí, no con los mismos servicios, a gente de segunda, un plan de salud de segunda, o más elegante "POS subsidiado". Bueno, ¿esa platica y esos servicios quien los administra? ¡Ajá! Ahí está el secreto del éxito, ahí está el broche de oro de la tarea que pidió el Banco Mundial: una aseguradora con nombre falso y rimbombante: Empresa Promotora de Salud, una EPS. Ellas, al igual que cuando usted estrella el carro, son las encargadas de decidir qué, cómo, cuándo y bajo qué condiciones se prestan los servicios de salud. Bueno, en teoría eso debería ser estándar, pero por supuesto, entre menos servicios preste o entre más baratos sean, más ganancias tendrán como empresas. El problema es que en este caso no son autos averiados, son enfermedades de seres humanos, cuya salud no depende sólo de que lo vea un médico, sino de cómo se garantizan las condiciones políticas, sociales, ambientales, económicas, etc., que hacen que una persona o una comunidad goce de buena salud; eso que alguna vez se llamó salud pública, la salud de todos; que ya no existe y que no cabe dentro de un sistema de aseguramiento.
Siempre he insistido en que la Ley 100 es un esquizofrénico monstruo de Frankenstein. Al igual que la bestia creada por Mary Shelley, la atención de salud en Colombia es la suma de un montón de partes mutiladas que difícilmente pueden ser organizadas con coherencia. Por eso, es feo, ineficaz, se le ven las costuras, y aunque desee hacer el bien, le es imposible, porque la suma de sus partes lo hacen un engendro malévolo. Un buen amigo y salubristas cartagenero, Nelsón Albis, me lo dijo de una manera más elegante en diciembre pasado: "el sistema de salud nuestro segmenta las poblaciones y fragmenta las atenciones". ¿Cómo así? Lo voy a explicar contándoles cómo esa terrible enfermedad llamada SGSSS mató a mi tía Emma.
Mi tía Ema murió hace un quinquenio. Dos años antes se había trasladado de Ramiriquí, un pequeño pueblito boyacense, a Bogotá. Cuando llegó a la ciudad comenzó a perder rápidamente peso y a sufrir de unos terribles dolores de barriga. Siempre fue una mujer pobre, y esa condición la hizo merecedora en el pueblo de un bonito carné que le permitía acceder a los servicios del hospital que serían cubiertos por una aseguradora que recibiría un pago mensual de parte del Estado. En Ramiriquí nunca lo usó, pero cuando se mudó a Bogotá y se enfermó ya no le servía, tenía que volver a hacer los trámites y volver a demostrar que era pobre y vecina de la ciudad. Eso significó que, cada día, más débil, debía rodar por varias oficinas, hacer largas colas, hasta que al fin lo obtuvo y pudo pasar, luego de varios meses, a consulta médica para que le mandaran un tratamiento banal que no la mejoró en nada.
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 El sistema es insostenible financieramente desde su concepción, sobre todo por el inmenso gasto en la inútil e ineficiente intermediación de las EPS, algunas de las cuales han logrado multiplicar su capital en los últimos años
Consultó de nuevo, seguía mal, muy mal, hasta que un médico que trabajaba por la salud de sus pacientes y no por la salud financiera de su patrón, cometió el pecado por el que hoy –con los nuevos decretos de la emergencia social– podría ser sancionado, de mandarle las pruebas que requería. Tenía cáncer de colon y estaba jodida, tenían que operarla pronto o moriría. Ese resultado significaba que tenían que verla otros especialistas y hacerse otros exámenes. Para cada atención tuvo que solicitar (léase rogar) una autorización a la EPS y esperar otros tantos meses más para cada atención. Resultado final: Emma del Carmen Arias murió. El certificado de defunción dice que la mató el cáncer, pero a mí nadie me quita de la cabeza que la causa básica de la muerte fue el SGSSS.
Todos en este país tenemos una historia como esta que contar. Todos los colombianos estamos infectados desde hace 17 años con el SGSSS y hemos desarrollado una perversa inmunidad a la enfermedad. Hoy día somos incapaces de pensar un sistema que garantice la salud como derecho humano, creemos que el aseguramiento y sus profetas, las EPS, harán de Colombia un país saludable. ¡Qué gran mentira!
Por eso los recientes decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia social son absurdos. Son nuevos parches para mostrar el monstruo renovado. Los justifican en que los recursos del sistema son insuficientes para garantizarle la salud a los colombianos, cuando realmente lo que hay detrás es que este sistema es insostenible financieramente desde su concepción, sobre todo por el inmenso gasto en la inútil e ineficiente intermediación de los aseguradores, algunos de los cuales han logrado multiplicar su capital en los últimos años. Seamos claros: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza.
Está bien, aceptémoslo por un momento. Los recursos del sistema de salud son escasos y se requiere una declaración de emergencia social. Sin embargo, la pregunta es: ¿acaso los de educación son abundantes, los de vivienda digna, los de saneamiento ambiental? No seamos ilusos. La emergencia social sólo tiene sentido para garantizar la sostenibilidad financiera de las EPS como intermediarias, no como estrategia para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
El monstruo está vivo, maquillado y renovado, pero ahora más que nunca, es peligroso.
Samuel Arias es médico epidemiólogo y narrador. Profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
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